Krabi-
El viernes 29 de mayo, las autoridades de Krabi iniciaron una investigación de alto perfil sobre un zoológico sospechoso de operar como testaferro de inversores extranjeros israelíes, lo que generó preocupación por posibles violaciones de las leyes tailandesas sobre negocios internacionales y las normas de bienestar animal. Esto forma parte de una importante campaña nacional en curso contra los extranjeros que utilizan testaferros ilegales para operar negocios.
El gobernador Angkul Silatevakul, acompañado por el general de división Sukasem Nakornwilai, comandante de la policía provincial de Krabi, encabezó un grupo de trabajo conjunto integrado por agentes de inmigración, funcionarios administrativos, el Comando de Operaciones de Seguridad Interna (ISOC) y la oficina provincial de ganadería. El equipo inspeccionó el zoológico en el subdistrito de Sai Thai, distrito de Muang Krabi, luego de que información de inteligencia indicara que la empresa estaba estructurada para ocultar la propiedad extranjera.
Los investigadores descubrieron que ciudadanos israelíes participaron directamente en la planificación, el establecimiento y la gestión del zoológico. A pesar de poseer solo el 49% de las acciones, aparentemente ejercían un control total sobre las operaciones, incluyendo la administración de las cuentas bancarias que recibían los pagos por los servicios. Mientras tanto, los accionistas tailandeses, que rotaban entre cuatro personas para mantener la mayoría requerida del 51%, supuestamente actuaban como propietarios nominales, y algunos simplemente como empleados.
Las pruebas recabadas a través de teléfonos móviles, dispositivos electrónicos y comunicaciones en línea revelaron planes detallados sobre la estructura accionarial, la gestión empresarial y las operaciones encubiertas. Las autoridades están rastreando los flujos financieros, las fuentes de inversión e identificando a los verdaderos beneficiarios de la operación.
Las observaciones in situ reforzaron las sospechas de que los operadores y beneficiarios reales de las ganancias eran ciudadanos extranjeros, mientras que los accionistas tailandeses actuaban como testaferros. Las autoridades recalcaron que este tipo de acuerdos socavan la integridad de la normativa empresarial tailandesa, diseñada para proteger los intereses nacionales.
Más allá de las cuestiones relativas a la propiedad, la oficina provincial de ganadería inspeccionó las condiciones de bienestar animal, la documentación que acreditaba la tenencia de los animales y el cumplimiento de las normas legales. Las autoridades se comprometieron a aplicar medidas coercitivas estrictas en caso de detectarse infracciones, garantizando así que las empresas turísticas que utilizan animales cumplan con los requisitos legales y éticos pertinentes.
El gobernador Angkul declaró que la operación busca salvaguardar la equidad en las prácticas comerciales, prevenir la explotación de ciudadanos tailandeses que actúan como testaferros y defender la soberanía económica del país. Añadió que las investigaciones se extenderán a personas y entidades vinculadas al zoológico, y que se emprenderán acciones legales cuando corresponda.
